Humberto Chirif
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos
Introducción
La minería es una actividad económica compleja y de alto riesgo de inversión, que se desarrolla mayormente en zonas inhóspitas y con poblados carentes de los servicios básicos. Desde que se toma la decisión de prospectar y explorar hasta el descubrimiento de un yacimiento mineral y la puesta en marcha de una operación minera, pasan muchos años, y en el camino quedan más del 95 % de los prospectos o proyectos estudiados; por no reunir los requisitos para convertirse en minas. En este largo periodo se abren puestos de trabajo, para muchas personas y se despide a otras tantas. Se despiertan muchas expectativas diferentes en los diversos actores relacionados al proyecto, algunas son satisfechas y otras no; y finalmente, si el prospecto o proyecto se convierte en mina, los beneficios recompensan largamente la inversión de años, generan puestos de trabajo, dinamizan la economía, proveen utilidades a la empresa e importantes ingresos al Estado. En cada una de las etapas de este largo proceso interviene el Estado, facilitando información geológica básica, promoviendo la inversión, otorgando y administrando las concesiones de exploración o explotación, regulando el buen desarrollo de la actividad minera y fiscalizando el cumplimiento de las normas. Sin embargo, bajo la óptica de los diversos sectores involucrados, existen falencias o deficiencias en la participación del Estado.
Actores relacionados al sector minero
Los actores relacionados al sector minero, no son solo las empresas y el Estado, como muchas veces se quiere pensar, sino que también intervienen inversionistas, profesionales, técnicos, comunidades, empresas, universidades, instituciones de investigación, diversas ONG y otras instituciones. Cada uno de los actores, tiene sus propias expectativas, con respecto al desarrollo del sector minero y a lo que espera del Estado (ver figura 1). A continuación se presenta una breve descripción de cada grupo.
a) El estado. Representado por el Gobierno central y los Gobiernos regionales y locales (Ver el cuadro 1). Este actor ha estado presente en el desarrollo de las actividades mineras desde tiempos inmemorables y su rol siempre ha sido el de normar, dirigir y controlar la actividad; aunque con diferentes políticas según las prioridades de cada época y de los gobiernos de turno. Actualmente, se puede decir que las expectativas del Estado con respecto a la minería son la generación de desarrollo y la mejora de la competitividad del país, todo ello a través de los impuestos, canon y regalías.
b) Inversionistas e instituciones de financiamiento. La principal expectativa en ellos es la de multiplicar su capital a través de los intereses que generan sus préstamos. Esperan de los Gobiernos de los países con potencial minero, difusión sobre las características geológicas de sus proyectos mineros, regulaciones favorables, pero sobre todo estabilidad social, económica, legal y jurídica.
c) Empresas exploradoras o mineras. Salvando las enormes diferencias entre las empresas mineras de gran, mediana y pequeña escala (incluyendo en esta última categoría a los mineros artesanales), se puede decir que todas tienen la expectativa común de multiplicar su capital a través del desarrollo de un proyecto minero.
Las empresas formales de pequeña, mediana o gran minería esperan del
Estado que este les ofrezca estabilidad económica, legal y jurídica y que vele
por la estabilidad social.
Las empresas formales de minería artesanal esperan del Estado, campañas de
capacitación, asistencia técnica y facilidades para mantenerse formalizados.
Los mineros informales esperan del Estado, la generación de normas
proteccionistas, que obliguen a los titulares de las concesiones a darles
facilidades, para seguir operando, dentro de ellas. Algunas esperan además
facilidades para formalizarse.
d) Profesionales y técnicos mineros o afines. Con la puesta en marcha de un
proyecto minero, esperan de las empresas plazas de trabajo con condiciones laborales favorables; y del Estado que vele por el cumplimiento de las mismas.
e) Universidades e instituciones técnicas, ven con expectativa el desarrollo de
proyectos mineros por la oportunidad que estos le brindan de desarrollar prácticas, tesis, brindar servicios y tener plazas de trabajo para sus egresados. Esperan del Estado que se promueva y proteja el desarrollo de grandes y medianos proyectos mineros.
f) Comunidades vecinas a los proyectos mineros. Esperan que se les brinden plazas
de trabajo y oportunidades de negocios, así como también donaciones y programas sociales que solucionen sus problemas. Por otro lado, ven con preocupación, la posibilidad de contaminación que pueda acarrear un proyecto minero.
g) Instituciones ambientalistas, ven en el desarrollo de actividades prospectivas,
exploratorias o de minería, la necesidad de intervenir para impedir la contaminación del ambiente. Tratándose de ONG, ello constituye a su vez una oportunidad para recibir financiamiento de organismos internacionales para el desarrollo de los proyectos ambientalistas.
Etapas de un proyecto minero
En líneas generales, las etapas de la actividad minera son la generación de información base, prospección, exploración básica, exploración avanzada, estudios de factibilidad, preparación, minado y cierre (ver figura 2). Cada una de estas presenta características propias y el Estado se hace presente de diferentes maneras (ver cuadro 2).
a) Etapa de generación de información base. En esta etapa se realizan estudios
genéricos y a escala regional sobre la geología del Perú (1:100 000-1:1000 000), los cuales permiten la publicación de información base como la Carta Geológica Nacional, el Mapa Metalogenético y la Base de Datos de Geoquímica de Sedimentos de Corrientes. Estos estudios por si solos no generan descubrimientos de yacimientos, pero sirven de base para guiar las actividades prospectivas y exploratorias regionales promoviendo así la inversión en estudios regionales de más detalle. Este tipo de estudios y publicaciones, en el mundo está a cargo de los servicios geológicos de los respectivos países. En nuestro caso, está a cargo del INGEMMET, ya que a las empresas no les conviene invertir en estudios a nivel de todo el país que no les va a generar descubrimientos, y si lo hacen, lo manejan en forma reservada.
b) Etapa de prospección. A partir de la información básica, geológica y catastral, que genera el INGEMMET; y en función al metal o metales y tipos de yacimientos que busque una determinada empresa, se seleccionan las áreas a prospectar. La prospección se inicia con el ordenamiento de la información disponible, para luego realizar un reconocimiento de campo, cateo y muestreo no sistemático. Todo ello en superficie y con el consentimiento del dueño del terreno, si lo hubiera. Si se descubre la presencia de minerales de interés económico, se indica que se tiene una “ocurrencia”, es decir, una presencia de mineral de interés económico sin mayor información sobre el volumen, ni su calidad; ni la probable rentabilidad de su extracción. En esta etapa, el Estado interviene solo con normatividad, excepto en los casos en los que se declaren áreas de no admisión de petitorios (ANP) en las que el INGEMMET realice estudios.
c) Etapa de exploración. Para esta etapa ya es necesario contar con una concesión minera y el reconocimiento de las comunidades. El grupo de trabajo será más consolidado y los campamentos mejor establecidos. Las labores que se realizan son mayormente trincheras y eventualmente perforaciones exploratorias. En esta etapa es necesario informar a los integrantes de las comunidades sobre los estudios o trabajos a realizar con el fin de obtener su autorización para trabajar en la zona. Esta labor muchas veces está a cargo del personal especializado de las empresas, que realizan su trabajo de campo antes que los geólogos. Sin embargo , en muchos otros casos, el geólogo a cargo del estudio va provisto de ciertos conocimientos o experiencia, o tan solo indicaciones para buscar llegar a un acuerdo con los representantes de las comunidades, lo cual no garantiza buenos resultados.
El Estado tradicionalmente ha dejado en manos de ambas partes la responsabilidad de que arreglen por si solas las controversias que pudieran surgir al querer poner en marcha un proyecto minero, en una desigual interrelación. De esta manera, lo que debería ser una decisión basada en el conocimiento de los alcances de un proyecto minero, se transforma en una decisión en la que los intereses de las comunidades se ven alterados por influencia de grupos políticos que se manejan bajo una óptica de cálculo electoral o grupos ambientales oportunistas, que no diferencian las tecnologías mineras actuales con las de hace décadas. Es evidente la falta de preparación de los integrantes de las comunidades y lo fácil que pueden ser manejados. Ante esto nos preguntamos si el Estado tiene capacidad de brindar asesoría o capacitación a las comunidades, llegando a todos los rincones del territorio.
La etapa de exploración culmina con la definición de los recursos minerales o el abandono de la ocurrencia. Si se llega a la conclusión que el prospecto tiene valor económico bajo, se da la denominación de “proyecto minero” y continua la investigación con estudios de factibilidad.
d) Etapa de estudios de factibilidad. Esta etapa se caracteriza por el incremento
sustancial del monto de inversión (10 a 100 millones de dólares en proyecto de gran minería), incremento de personal, adquisición de terrenos superficiales, definición de servidumbres, construcción de campamentos estables, con oficina central y departamento de relaciones públicas. En esta etapa pueden aún generarse conflictos del tipo social por expectativas insatisfechas de las comunidades, muchas de ellas sobredimensionadas con respecto a lo que se debe esperar de un proyecto minero y en algunos casos, enmascaradas por supuestos problemas ambientales.
e) Etapa de operación. En esta etapa, hay que resaltar los problemas que se
generan a nivel de la minería de pequeña escala, los mismos que presentan varias aristas, desde falta de conocimientos técnicos apropiados para llevar adecuadamente proyectos de prospección, exploración, minado, beneficio y cierre; hasta problemas de informalidad y desacuerdo con los titulares de las concesiones donde vienen operando. Aquí la demanda de participación del Estado tiene dos visiones: por un lado, se reclama mayor energía de las fuerzas del orden para sacar a quienes vienen explotando el yacimiento ilegalmente y por otro, existe la visión de mayor presencia del Estado para brindar asesoría, capacitación, facilidades logísticas para desarrollar sus operaciones y legislación para defender derechos a explotar minerales en zonas donde posteriormente a la puesta en marcha de sus operaciones se otorgaron concesiones mineras a terceros. Ambas son visiones extremas de un problema bastante complejo y en el que la participación del Estado debería darse previamente al conflicto, con estudios de prospectiva y nuevamente con el esfuerzo de llegar a todos los rincones de nuestro territorio.
Conclusiones
- Se percibe la necesidad de mayor presencia del Estado en casi todas las etapas de la actividad minera.
- Se debe optimizar la presencia del Estado, en el sector minero. Ello pasa necesariamente por dotarlo de mejor presupuesto y organización con cuadros profesionales y dirigenciales idóneos, con conocimientos técnicos y de gestión a la altura de las circunstancias.
- Es necesario desmitificar lo bueno o malo de la minería, comenzando por investigar los impactos ambientales por tipos de yacimientos y por dimensiones de empresas (gran, mediana, pequeña minería y minería artesanal), así como también publicar los beneficios económicos que estos generan y el uso que se les puede dar.
- Se requiere capacitar y dotar de mejores condiciones a los DREM, para el mejor cumplimiento de sus funciones (entre ellas, inventario y evaluación de recursos minerales, otorgamiento de concesiones, fiscalización). El mejoramiento de los honorarios, asegura menor rotación de personal y por ende acumulación efectiva de experiencia y mayor continuidad en el desarrollo de los proyectos de mediano plazo.
- Se requiere promover la ejecución de investigaciones metalogenéticas conjuntamente entre el INGEMMET, universidades regionales y las DREM, para así optimizar recursos y mejorar la calidad de las investigaciones y evaluaciones de recursos minerales regionales; asegurando la óptima retroalimentación del inventario nacional a cargo del INGEMMET.
- Los bajos niveles de preparación y conocimientos de los integrantes de las comunidades demanda un esfuerzo del Estado por llevar a todos ellos capacitación y asesoría clara y sencilla en temas relacionados al sector minero y de las cadenas productivas que de estas se desprenden, para contrarrestar así el accionar de los sectores antimineros. Dichas capacitaciones, a la par de dar oportunidad de escuchar directamente el clamor de una población mejor preparada, desmitificaría la percepción de un Estado parcializado con las grandes empresas extractivas.
- Las DREM, por lo general, no cuentan con la infraestructura básica, ni el personal adecuado tanto en cantidad como en capacidad, que les permita tener presencia activa en promover la minería a través de talleres o conversatorios, que ilustren a la población sobre la oportunidad económica y de desarrollo social que ocurre con la inversión minera y que explique el significado y uso de conceptos, para muchos abstractos como el derecho de vigencia, el canon, las regalías o los proyectos del SNIP.
- La lucha contra la contaminación y la informalidad requiere programas de capacitación técnica y asesoría a la par de intensa fiscalización y sanciones a quienes infrinjan la ley.
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